Luego de casi tres meses en la cárcel y siete bajo investigación, el contador de la Municipalidad de Lota -que fue imputado por la violación de una joven de 17 años– fue liberado de los cargos, luego de que la Fiscalía no perseverara en el caso.

Fue poco después del año nuevo que Rodrigo Valencia fue detenido por la PDI, tras recibir la denuncia de una joven estudiante en práctica en la Municipalidad de Lota, quien aseguró haber sido violada por el contador auditor de la Oficina de Inventario.

El fiscal Carlos Palma lo formalizó y solicitó la prisión preventiva, denegada en primera instancia por el Juzgado de Garantía, al estimar el tribunal como débil la evidencia presentada por el Ministerio Público.

Sin embargo, fue luego la Corte de Apelaciones de Concepción la que revocó la resolución, enviando al profesional a la cárcel, donde pasó 70 días, hasta que la cautelar fuera revocada.

A principios de agosto, y tras siete meses de una investigación que Valencia califica como deficiente e irresponsable, el Ministerio Público resolvió no perseverar.

Las muestras biológicas, por ejemplo, para probar científicamente el delito imputado, pasaron meses sin ser enviadas para las pericias en el Servicio Médico Legal.

Por eso es que Rodrigo Valencia critica el actuar no sólo de la Fiscalía sino también de la Corte de Apelaciones, que prácticamente con una denuncia decretó la prisión preventiva, sistema al que apunta como responsable de una crueldad.

En tanto, el presidente del tribunal de alzada, ministro Hadolff Ascencio, reconoció que no se trata de una situación que debiera ocurrir.

Desde la Fiscalía Regional argumentaron escuetamente que la decisión de no perseverar se tomó luego de que durante la investigación no se reunieran los antecedentes probatorios suficientes que permitieran fundar una acusación, por eventual delito de violación.