Siguen las reacciones políticas por las sospechas surgidas en torno a la posible intervención de militantes de la Democracia Cristiana y de una presunta red de protección a la contadora del Hogar Arrullo, perteneciente al Sename, acusada de apropiarse de 40 millones de pesos, que habrían sido gastados en apuestas en casino.

Las suspicacias comenzaron luego de que se recordara que el seremi de Salud, Mauricio Careaga y la jefa del Sename en el Bío Bío, Rina Oñate, son militantes de la DC.

El problema radica en que el informe que exculpó a la funcionaria a causa de una “ludopatía severa” fue emitido desde la repartición gubernamental que preside precisamente Careaga, mientras que Oñate es quien debe decidir las sanciones por la pérdida de los recursos en el centro de lactantes Arrullo.

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Al respecto el extimonel de la falange, Martín Zilic, criticó un posible encubrimiento de las irregularidades o delitos, llamando a los militantes del partido a actuar con un nivel moral más alto.

En esa línea, el exdirigente sostuvo que “el estándar ético de un demócrata cristiano debe ser superior al de cualquier otro militante”

“Debiera ser perseguido el hecho de hacer defensas corporativas o de proteger a alguna persona que haya incurrido en un delito”, sostuvo.

En tanto, desde el sector que respalda a Rina Oñate, el consejero nacional de la DC, Marco Hernández, descartó categóricamente una red de protección, calificando -sin embargo- como insólito el informe de la Compin que declara inimputable por ludópata a Noemí Betanzo.

De todos modos -al igual que el Gobierno- Hernández pidió que la Fiscalía esclarezca y sancione el posible fraude al Fisco.

El dirigente demócrata cristiano insistió en que no existen maniobras para proteger a militantes en este caso, y llamó a esperar lo que resuelvan los tribunales de justicia más allá de lo que se resuelva en el ámbito administrativo.