Tras cerrar por segunda vez la investigación, fue reabierto el sumario en el caso Laja San Rosendo, tras acoger el ministro Carlos Aldana una diligencia solicitada por el Programa de Derechos Humanos y que apunta a la complicidad de civiles en los asesinatos de 19 trabajadores de la CMPC y de Ferrocarriles.
Lo que permitió reabrir el sumario es un careo entre quien fuera el abogado de la papelera en su planta de Laja, Luis Garrido Aviles, con el administrativo también de esa compañía, Fernando Morales Cifuentes.
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De acuerdo al abogado del Programa de Derechos Humanos -dependiente del Ministerio de Justicia- Patricio Robles, con esta diligencia se busca probar que civiles, puntualmente los empleados de la CMPC, colaboraron con los policías hoy procesados por los crímenes perpetrados, luego de la detención de los trabajadores de la papelera y de Ferrocarriles, antes de ser ejecutados en septiembre de 1973.
El careo fue programado para el 6 de junio próximo, mientras que en paralelo la Corte de Apelaciones podría revisar los recursos que buscan el procesamiento de cinco exejecutivos y exfuncionarios de la CMPC como cómplices de los homicidios.
