En la emblemática causa por violación de derechos humanos, la llamada matanza de Laja San Rosendo, fueron finalmente presentadas las solicitudes de procesamiento de ex funcionarios de la CMPC.
Luego que el ministro Carlos Aldana rechazara hace unas semanas -por segunda vez- la formulación de cargos contra ex personal de la papelera de Laja, los querellantes, junto al Programa de Derechos Humanos, insistieron en los procesamientos, entregando un escrito de 22 páginas con los fundamentos de la solicitud.
Según puntualizó el abogado querellante e hijo de una de las víctimas, Mauricio Araneda, desde el inicio de la investigación están las pruebas contra al menos dos ex ejecutivos de la CMPC y dos ex empleados, las que fueron reforzadas -dijo- con las últimas diligencias del ministro en visita.
A quien fuera el jefe de la papelera, Lionel Aguilera, así como el superintendente Carlos Ferrer, el encargado de seguridad, Pedro Jarpa, y el chofer Rodolfo Román, se busca inculpar como cómplices en los asesinatos de 19 trabajadores de la planta de Laja y de Ferrocarriles, al haber entregado a Carabineros los vehículos para el traslado de los detenidos y la cal con que fueron cubiertos los cadáveres luego de su ejecución.
Junto con rechazar los procesamientos, el ministro Carlos Aldana cerró el sumario, por lo que además el abogado del Programa de Derechos Humanos, Patricio Robles, pidió este jueves reabrir la investigación, solicitando la realización de una diligencia pendiente.
Lo más probable que es el juez especial mantenga su decisión de rechazar los procesamientos, por lo que será la Corte de Apelaciones penquista la que definirá el futuro de la emblemática causa por violación de derechos humanos y se mantiene como únicos inculpados a la decena de carabineros en retiro, encausados por los delitos de homicidio, exhumación e inhumación ilegal.
