El Juzgado del Trabajo de Concepción dio por acreditado el despido del exjefe de la Corporación de Asistencia Judicial por motivos políticos, condenando al Ministerio de Justicia al pago de casi 40 millones de pesos como indemnización al demandante.
Pablo Millán había denunciado el año pasado, a través de una demanda laboral, que la destitución impulsada por el seremi de Justicia, Jorge Cáceres, se fundó en su postura política, ignorando el hecho que su cargo se haya decretado a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
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Lo anterior fue acreditado por el Juzgado del Trabajo de Concepción, calificando como injustificado y discriminatorio el despido del exjefe de la CAJ, según confirmó el abogado de Millán, Mario Rojas.
Ante lo que se calificó como una vulneración de garantías constitucionales por el juez Eliecer Cayul, se condenó al Ministerio de Justicia a pagar casi 40 millones de pesos al demandante, aunque para su abogado no es menos importante la parte del fallo que prohíbe nuevas destituciones por razones políticas.
Cuando el seremi Jorge Cáceres pidió al Consejo Directivo de la Corporación votar la salida de Pablo Millán invocó una supuesta pérdida de confianza, argumento desechado por los tribunales, incluso ordenando a la autoridad a cesar en la exoneración de funcionarios utilizando criterios de discriminación prohibidos por el orden normativo y contrarios a la Constitución, señala la sentencia.
