Concluyó el juicio laboral en el caso de Pablo Millán, el exdirector de la Corporación de Asistencia Judicial que denunció haber sido despedido por razones políticas, no obstante haber sido designado a través del sistema de Alta Dirección Pública.

El procedimiento terminó con la entrega de prueba documental por parte del Ministerio de Justicia, buscando acreditar ante el Juzgado del Trabajo de Concepción la pérdida de confianza argumentada por el seremi Jorge Cáceres cuando impulsó la desvinculación de Millán.

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El exdirector de la Corporación de Asistencia Judicial, que atribuye su salida a un acto de discriminación, busca el pago de 100 millones de pesos como indemnización, lo que ocurrirá si el magistrado Eliecer Cayul acoge la demanda laboral, cuya resolución se conocerá a más tardar el 19 de mayo próximo.