A la Corte de Apelaciones de Concepción recurrieron los dos exdetectives procesados por el delito de torturas en contra de un menor de edad, ocurrido el año 1984.
Hernán Fernández Hernández y Antonio Calibar Araya fueron encausados como autores de los apremios ilegítimos -entre ellos aplicación de electricidad- sufridos por Carlos Maureira, quien hace 33 años fue detenido por la PDI por un supuesto robo, aunque su arresto tuvo que ver en realidad con su presunta vinculación al Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
La abogada Patricia Parra, quien representa a la víctima, destacó la resolución del tribunal, destacando que se trata de los primeros procesamientos por torturas durante la dictadura en la Región del Bío Bío.
La causa se inició el año 2013 y estuvo en un principio a cargo del ministro para causas por violación de derechos humanos, Carlos Aldana, quien luego se declaró incompetente; traspasando la investigación al Primer Juzgado Civil de Concepción, continuador de los antiguos tribunales del crimen.
La jueza Sanhueza, sin embargo, sin decirlo directamente, es partidaria que este tipo de ilícitos sea indagados por ministros en visita, porque según subrayó a Radio Bío Bío, la tortura es un delito de lesa humanidad.
Al momento de ser notificados de su procesamiento, los exPDI Hernán Fernández y Antonio Calibar, quienes no reconocen haber torturado al querellante, apelaron la resolución en su contra, por lo que será el tribunal de alzada el que decida si los cargos se mantienen o se desechan.
