Un plazo de dedicación exclusiva de dos meses solicitará el ministro para causas por violaciones de Derechos Humanos, Carlos Aldana, por la masacre de Laja-San Rosendo.

En este plazo tomará una definición respecto de la eventual participación de civiles en los homicidios ocurridos durante la dictadura.

Luego de una serie de interrogatorios y careos, está pendiente una resolución sobre encausamientos de exfuncionarios de CMPC en la ejecución de 19 trabajadores de Ferrocarriles y de la Papelera de Laja en 1973.

El ministro señaló que por el cúmulo de antecedentes recopilados, es necesario estudiar detenidamente las diligencias.

Dentro de este plazo tomará una definición que debería ser el punto final de la emblemática investigación.