Uno de los denunciantes en el Caso Butacas indicó que la Contraloría se equivocó en su primer informe respecto a los asientos del Estadio Ester Roa Rebolledo, pero aseguró que el ente fiscalizador mantuvo su postura en relación a los sobreprecios que habría pagado el municipio por la obra. Desde la Municipalidad insistieron en que respetarán los dictámenes.
“La instalación de butacas abatibles en zona de público general constituía sólo un aspecto de una alternativa propuesta por la empresa contratista a efecto de evitar determinadas labores de reperfilamiento y de reducir los tiempos de ejecución de las obras”. De esta forma la Contraloría justifica la decisión tomada por el municipio penquista, de haber optado por butacas fijas y no por abatibles en el recinto deportivo.
Por este motivo, la municipalidad deberá devolver la boleta de garantía, correspondiente a 1.980 millones de pesos, que se le retuvo a la empresa Claro Vicuña Valenzuela.
Uno de los denunciantes, el exconcejal Jorge Condeza, indicó que Contraloría -con este dictamen- reconoció que cometió un error al no haber considerado información que poseía tanto la empresa como la municipalidad.
Sin embargo, la exautoridad insistió en que el ente fiscalizador -en ningún momento- dejó de considerar que existe el pago de sobreprecios en la tenso estructura del estadio y en las butacas, debido a que los asientos no cumplirían con la calidad que se prometió.
El administrador de la Municipalidad de Concepción, Aldo Mardones, señaló que al municipio no le queda más que respetar los dictámenes de la Contraloría al respecto.
El cuarto y último informe emitido por la Contraloría, en estos últimos días respecto al estadio penquista, indica que los asientos no cumplirían la normativa FIFA, por lo que ordenó instruir un sumario para aclarar la situación.
