Documentos y equipos computacionales fueron incautados por la PDI en las oficinas de la empresa Camanchaca de Coronel, en el marco del caso Corpesca. Dirigentes de artesanales querellantes en la investigación aseguraron que la diligencia se extenderá a otras pesqueras y también a parlamentarios locales.

La diligencia, decretada por el fiscal Julio Contardo, se efectuó en la mayor reserva al mediodía del miércoles pasado y estuvo a cargo de la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI.

Efectivos se presentaron en forma simultánea en las oficinas de la pesquera Camanchaca en Coronel y Las Condes, con una orden judicial del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, procediendo a registrar e incautar documentos, computadores y respaldos electrónicos.

Fue una más de las diligencias del caso Corpesca, que investiga el eventual pago de sobornos desde la industria pesquera a políticos que intervinieron en la tramitación de la Ley de Pesca.

Según la dirigenta de artesanales del Bío Bío, Marta Espinoza, la incautación de antecedentes debería extenderse a otras empresas.

Según trascendió, el Ministerio Público estaría detrás de boletas o facturas ideológicamente falsas a través de las cuales se habría pagado a legisladores que participaron en el trámite de la Ley de Pesca.

De allí que el dirigente Luis Villablanca asegurara que es inminente la formulación de cargos contra parlamentarios del Bío Bío.

A fines de septiembre ya se había concretado la incautación de equipos y documentos contables desde la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) y el domicilio del presidente de la instancia, Luis Felipe Moncada, quien ya aparece como imputado en la investigación.