La Contraloría objetó un acuerdo de compromiso publicitario ajeno a su rol, entre la Municipalidad de Chiguayante y Banco Estado.
Recordemos que el municipio de Chiguayante aprobó el 23 de octubre de 2013 una modificación del convenio que tenía con Banco Estado desde el año 1999, donde la entidad bancaria se obliga a efectuar un aporte anual de 160 millones pesos.
Dicha modificación se hizo en la administración del aspirante a la reelección Antonio Rivas y en el agregado del contrato se condiciona que dicho dinero debe estar destinado a actividades socioculturales en beneficio de la comunidad. Además se incluyó que el logo de la entidad bancaria debía estar presente en las actividades municipales.
La Contraloría, en un informe que ya está en poder del municipio chiguayantino, cuestionó la competencia legal de la casa edilicia para asumir obligaciones que resultan ajenas a la gestión comunal, como la que se refiere al desarrollo por parte de sus autoridades y funcionarios de acciones de publicidad en favor de una institución bancaria, tal como figura en el anexo.
Antonio Rivas, actual candidato a la reelección, señaló que como jefe comunal debía optar por las mejores opciones para los habitantes.
Sin embargo, la Contraloría en su pre informe señala que en este caso no se pueden tampoco incorporar cláusulas que no guarden relación con el objeto de contrato, en particular con Banco Estado, tal como acontece con los servicios adicionales relacionados a la entrega de haberes para la realización de actividades culturales o educativas.
Este pre informe ya se encuentra en manos de la muncipalidad y debe ser respondido al ente fiscalizador en las próximas semanas.
Asimismo, en el documento se cuestiona el pago de hasta tres contratos a un funcionario del departamento de comunicaciones y el aumento de presupuesto en 117% para gastos relacionados a publicidad sólo en el último año.
