En horas de esta mañana concluyó la audiencia enmarcada en el caso Servipag, luego de la declaración entregada por el único acusado de participar en el ataque registrado en julio del año pasado en Hualpén, y que terminó con el cajero con su cuerpo quemado.

La defensa del imputado, al igual que el Ministerio Público y los querellantes, interrogaron al joven mayor de edad, que era un adolescente al momento de los hechos, razón por la que no se puede entregar su identidad.

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El abogado defensor, Eduardo Rosado, busca probar que la ubicación del joven correspondería a un lugar distinto al del centro comercial donde se registró el ataque. No obstante, testigos que presentará la fiscalía intentarán demostrar lo contrario.

De acuerdo a Rosado, el acusado aseguró que al momento del robo se encontraba en la casa de su abuela. “Estuve en el living viendo ‘tele’ y al rato escucho ruidos y gritos y veo que en la esquina de la casa de mi abuela estaban deteniendo a mi hermano, y le aviso a mis tías, porque a él siempre lo tomaban detenido por nada”, dijo el imputado.

Cabe señalar que el hermano del acusado murió tras ser atacado al interior del penal de Chillán, donde se encontraba en prisión preventiva a la espera del juicio.

Otra prueba aportada por el defensor fue un video que muestra a su cliente en una pizzería con una amiga, durante los minutos anteriores al ataque del que se le acusa, intentando demostrar que no andaba planeando un robo y menos comprando el combustible utilizado para quemar a Ramírez.

“Esa es la única prueba que siempre esta defensa ha establecido como objetiva de este caso”, dijo el abogado.

Un aspecto que sí admitió el acusado, y que le valió un contrainterrogatorio de la Fiscalía, es haber intentado evitar la detención en los momentos posteriores al asalto.

El juicio se suspendió hasta el próximo martes, en una audiencia en que, a partir de la próxima semana, se espera la declaración de la víctima Pablo Ramírez, quien fue rociado con bencina y posteriormente quemado.

El joven enfrenta, en caso de ser declarado culpable, una pena de 10 años de cárcel, el máximo contemplado en la ley de responsabilidad penal juvenil.