La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó tres nuevos recursos de protección presentados contra la votación del Servicio de Evaluación que aprobó ambientalmente el proyecto Terminal GNL Penco-Lirquén, conocido como “Octopus”.

Las acciones habían sido presentadas por pescadores y buzos mariscadores de Tomé y la localidad de Cocholgüe, denunciando que el Estudio de Impacto Ambiental no contempló debidamente las medidas de mitigación por los efectos negativos que produciría el proyecto energético de la empresa BioBioGenera, por lo que demandaban repetir el procedimiento y una nueva votación.

Al igual como el fallo del primer recurso, interpuesto por comunidades indígenas de Penco, la Tercera Sala del tribunal de alzada estimó que las impugnaciones contra una resolución del Servicio de Evaluación Ambiental deben agotar primero la vía administrativa, antes de recurrir a la justicia, siendo el competente en este último caso el Tribunal Medioambiental, como lo ha señalado la Corte Suprema en distintos pronunciamientos.

Es posible que la nueva sentencia sea apelada al máximo tribunal del país, como ya lo hizo el abogado Álvaro Toro en representación de la comunidad Koñintu Lafken Mapu y los alcaldes de Tomé y Penco, aunque los pescadores y buzos mariscadores podrían también optar por la vía administrativa ante el Comité de Ministros que preside el titular de Medio Ambiente.