Son casi $5 mil millones los que la Contraloría General estimó se pagaron de más por parte de la Municipalidad de Concepción a la empresa Claro Vicuña, tanto por la instalación de las butacas como la tenso estructura que cubre el estadio Ester Roa Rebolledo.

Los antecedentes fueron entregados hace meses al Consejo de Defensa del Estado, señalándose hace unos días por parte del procurador fiscal Georgy Schubert, que aún se estaba en el proceso de estudio antes de decidir una eventual intervención, particularmente en la causa penal que lleva el Ministerio Público.

Al respecto, el consejero de la UDI, Luis Santibáñez, estimó que la lentitud del Consejo no se condice con la celeridad con que debía actuar, considerando los montos en recursos fiscales involucrados en el llamado caso Butacas.

En igual sentido se manifestó la concejala independiente, Alejandra Smith, pero en lo que dice relación con el proceso a cargo de la Fiscalía de Concepción.

Además de analizar eventuales acciones civiles, a partir de los antecedentes recabados desde la Contraloría, el Consejo de Defensa estudia la investigación desformalizada del Ministerio Público, de manera de resolver si se hace parte o no a través de una posible querella en caso de determinar la existencia de ilícitos en el millonario pago a la empresa por la remodelación del estadio penquista.