El Consejo de Defensa del Estado está a la espera de los antecedentes ofrecidos por Vivienda y Bienes Nacionales, en relación a la cuestionada venta de un terreno en la península de Tumbes, y donde el Serviu construyó los departamentos del Mirador del Pacífico.
Sólo una vez que el organismo reciba el detalle sobre las 103 hectáreas que la Armada vendió a un privado en 450 millones de pesos, parte de las cuales el Serviu compró después a la inmobiliaria Fuerte O’Higgins a un precio 50 veces mayor, el Consejo de Defensa determinará si hubo o no un perjuicio para el Fisco así como la posibilidad de ejercer acciones legales.
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El procurador del organismo en Concepción, Georgy Schubert, indicó que hasta ahora sólo tienen antecedentes informales entregados por el seremi de Bienes Nacionales, Eric Aedo, y de Vivienda, Jaime Arévalo, quienes se comprometieron a enviar al Consejo datos oficiales sobre la polémica compraventa del terreno, que obligó al Serviu a abrir un sumario administrativo.
El sobreprecio pagado por las 13 hectáreas, donde fueron levantados los edificios del Mirador del Pacífico, se conoció en el marco de una causa, donde un privado demanda al Fisco la devolución de 250 hectáreas expropiadas por la dictadura y que fueron traspasadas a la Armada en la década de los ’80.
