A la Corte de Apelaciones de Concepción llegará el fallo por la muerte del ex intendente Fernando Álvarez, al cuestionar el Programa de Derechos Humanos y los querellantes que se hubiera otorgado el beneficio de la libertad vigilada a los condenados.
Una pena de 3 años y 1 día de cárcel, pero sin privación de libertad, fue la que determinó el ministro Carlos Aldana para los dos ex miembros de Carabineros y del Ejército, Sergio Arévalo y José Puga, por las torturas que causaron la muerte del último intendente en Concepción de la Unidad Popular.
Si bien las partes en el emblemático caso aún no se notifican del fallo, es casi cierto que lo apelarán, al subrayar en la existencia de antecedentes que no hacen merecedores del beneficio de la libertad vigilada a los condenados, como lo explicó el abogado del Programa de Derechos Humanos, Patricio Robles.
Por su parte, Adolfo Montiel, abogado de la viuda e hijos del ex intendente Álvarez, agregó que el informe presentencial agregado a la causa no recomendaba el beneficio, por lo que analizarán un eventual recurso de apelación.
La sentencia por la muerte de Fernando Álvarez fue una de las seis dictadas en causas por violación de derechos humanos durante los dos últimos meses que el ministro Aldana tuvo de dedicación exclusiva.
