Se trata de una acción legal presentada por la familia Sweet Delano hace ya una década, y que en primera instancia fue acogida en el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, que estimó ilegal la expropiación realizada por la dictadura, ordenando devolver a sus dueños originales las casi 250 hectáreas.
Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado apeló de ese fallo, argumentando que la devolución del terreno pone en riesgo la seguridad nacional, objetivo que originalmente tuvo el proceso expropiatorio.
Ese antecedente, sin embargo, es rebatido por el abogado de la familia, Ignacio Sapiaín, quien entregó como prueba justamente el negocio que la Armada hizo con un paño de 103 hectáreas el año 2008 a un privado y que tres años después terminó revendiéndose al Fisco.
En 2011 el Serviu adquirió de la Inmobiliaria Fuerte O’Higgins 13 hectáreas, en 2 mil 600 millones de pesos, antecedente entregado a la Corte y que ha desatado un escándalo que se demanda que sea investigado tanto por el Ejecutivo como por el Consejo de Defensa del Estado.
Cualquiera sea el fallo en el caso de la familia Sweet Délano, éste llegará a la Corte Suprema, ya sea por los demandantes o el Consejo, que defiende la expropiación realizada por el régimen militar.
