El Programa de Derechos Humanos y los querellantes en el caso Laja-San Rosendo presentaron recursos, intentando nuevos procesamientos y la reapertura del sumario por el asesinato de 19 trabajadores de Ferrocarriles y de la CMPC el año 1973.

Mientras el programa del Ministerio del Interior pide agregar como encausados a civiles que habrían supuestamente cooperado con Carabineros en los crímenes, los querellantes solicitan al ministro Carlos Aldana una serie de diligencias también dirigidas contra exejecutivos de la papelera de Laja.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Laja-San Rosendo, Gloria Urra, explicó el motivo de la decisión de impugnar el cierre del sumario y la solicitud de encausamientos.

La acciones legales fueron interpuestas al filo del plazo para impugnar el fin de la investigación decretada por el ministro en visita para causas por violación de derechos humanos, quien cerró el sumario con una docena de exmiembros de Carabineros como responsables de los homicidios y exhumaciones e inhumaciones ilegales de las víctimas.