El arquitecto Alejandro Aravena se refirió a la polémica que causaron sus declaraciones respecto a la intervención de narcotraficantes en el proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero del año pasado en Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Debido a sus dichos, la Fiscalía abrió una investigación de oficio.

Fue a través de una extensa declaración que el profesional profundizó en las declaraciones que entregó en T13 Radio, donde aseguró que “a las tres o cuatro semanas fue como si nunca hubiera pasado el incendio. Eso estuvo enteramente reconstruido por el mundo narco y, claro, a un costo. Ahí, efectivamente, el Estado de derecho dejó de existir”.

En el escrito, Aravena indicó que en Viña del Mar “hay muchas familias que han reconstruido esforzadamente con sus propios recursos. Por otro lado, un conjunto de autoridades e instituciones han sido incansables para navegar por el sistema fiscal y reducir al máximo el tiempo de espera de las familias. La presencia del narco la vemos sobre todo en las reconstrucciones informales y las tomas”.

Además, lamentó que “ciertas autoridades se hagan los sorprendidos frente a una eventual ausencia del Estado y requieran pruebas para siquiera darle credibilidad a esta realidad. La infinidad de vivencias relatadas por vecinos y vecinas agobiados, para nosotros, es suficiente para sentir que debemos hacer algo al respecto. Por eso, llevamos años tratando de entender primero, y de proponer luego, en el entendido de que de la precisión del diagnóstico depende la efectividad de la respuesta”.

“No tenemos información privilegiada”

Junto con eso, aclaró que “nosotros no somos testigos especiales ni tenemos acceso a ningún tipo de información privilegiada. La entrevista simplemente hacía referencia a nuestra experiencia sistemática en terreno trabajando en contextos vulnerables. Y dado que la ciudad es el campo de una disputa territorial, no es de extrañar que un desastre como un incendio sea una oportunidad de conquista territorial en que el Estado de derecho es sustituido por la ley del más fuerte”.

En el documento explicó que este problema no es algo exclusivo de la Ciudad Jardín, detallando “la presencia de narcos en nuestros proyectos de vivienda se remonta al 2003 en Iquique, donde para poder iniciar las obras, nos vimos enfrentados a barricadas que los narcos levantaron para resistir el desalojo”.

“Los narcos son extremadamente hábiles en identificar estas vulnerabilidades y es importante entender que su poder de penetración no solo se explica por la promesa de beneficios materiales inmediatos, sino además porque entregan un sentido de pertenencia y aprecio que el resto de la sociedad no es capaz”, añadió.

Las declaraciones fueron duramente criticadas por autoridades regionales, que lo emplazaron a entregar todos los antecedentes a la justicia.

En tanto, desde los damnificados calificaron sus dichos de ofensivos y clasistas y lo llamaron a pedir disculpas públicas.

Revisa la declaración completa a continuación: