En un Informe de Investigación Especial de la Contraloría General de la República, se dio cuenta de irregularidades de la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, todo esto en el marco de la “Vigésima Feria del Libro de Los Andes: De Cordillera a Mar” en 2022.
En ese contexto, el documento investigó gastos de difusión por $1.500.000, adjudicados a una empresa de comunicaciones, con una cotización que fue extendida por más de un $1.300.000.
Por lo que, Contraloría, a través del Informe Final de Investigación Especial N° 62-24, dio cuenta de diversas irregularidades administrativas.
Esto último, en la ejecución del proyecto “Vigésima Feria del Libro de Los Andes: De Cordillera a Mar” del año 2022, iniciativa que fue financiada con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
En concreto, se trata de la adjudicación de gastos de difusión a una empresa de comunicaciones por $1.500.000, donde se logró comprobar que una de las cotizaciones fue extendida por más de $1.300.000.
El documento confirmó que la contratada, en 9 oportunidades, empleó parte de su jornada laboral para desarrollar labores distintas mediante un contrato a honorarios como “coordinadora territorial”.
En respuesta, Cristian Aravena, delegado presidencial provincial de Los Andes, recalcó que todas las cuentas fueron rendidas correctamente y que se ponen a disposición entregando todos los antecedentes que fueron requeridos.
Respecto del jefe de gabinete que trabajaba en ese momento, la autoridad señaló que ya no se encuentra prestando servicios en el organismo.
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Por su parte, Juan Carlos Manríquez, abogado experto penalista, explicó que, si bien, aparece una diferencia de menos de $300.000 pesos entre la propuesta, la adjudicación y el valor pagado, no se explica eficazmente la razón de esa variación hacia arriba.
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Procedimiento disciplinario
Ante ello, se resolvió que la Delegación de Los Andes deberá instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los involucrados en los hechos.
En esa misma línea, deben remitir una copia del acto administrativo que lo inicie, todo esto en un plazo de 15 días hábiles.
Asimismo, Contraloría decidió remitir los antecedentes a la Fiscalía Regional de Valparaíso para que evalúe los hechos e inicie las investigaciones penales correspondientes.
Sin embargo, el Ministerio Público comunicó que aún no han recibido la documentación.