En caravana, trabajadores y vecinos de Catemu se desplazaron hasta Valparaíso para entregar una carta a la delegada presidencial Sofía González sobre la preocupación por la decisión que tomará la Comisión de Evaluación Ambiental de autorizar o no la ampliación del plazo de funcionamiento de la minera Amalia, del holding Cemin. El eventual cierre tendría como consecuencia el despido de cerca de 1500 trabajadores.
Los movilizados enviaron previamente una carta al Presidente Gabriel Boric y se ofició a la ministra de Minería por la ausencia de una seremi de dicha cartera en la región desde diciembre.
Planta busca extensión de vida útil
La planta cumplió su vida útil y solicitó una extensión del plazo de funcionamiento, pero para ello, debe someterse a una evaluación ambiental, donde las comunidades y servicios entregan observaciones, instancia que es presidida por la delegada regional, Sofía González, y donde se resolverá si se aprueba o rechaza el requerimiento.
Si bien eso aún no se materializa, el lunes se conoció el pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental, donde recomienda rechazar la ampliación de su vida útil con base a observaciones, entre ellas que se garantice que no haya contaminación de las napas subterráneas, solicitud de cambio de uso de suelo, entre otras.
Es por ese pronunciamiento que se generaron las alertas que motivó la manifestación protagonizada por trabajadores contratistas y pequeños productores mineros, los que en compañía del alcalde de Catemu, Rodrigo Díaz, se instalaron al exterior de las dependencias de la gobernación y delegación en rechazo al eventual cierre de la minera productora de cobre.
Alcalde pide autorizar extensión condicionada
En conversación con Radio Bío Bío, el alcalde Díaz informó que la minera genera 1.200 empleos directos, de los cuales 400 son de nuestra comuna, y además está la afectación a la pequeña minería: “Son alrededor de 40 pequeños mineros que venden todas sus producciones a minera Amalia, porque allí está instalado el poder de compra de Enami. Ellos generan unos 300 empleos más y tenemos que sumar a todos los transportistas, comercio y todos los servicios afines que implica el funcionamiento de una planta minera”, detalló.
“El impacto para una comuna como la nuestra, de 15 mil habitantes, es brutal”, indicó el jefe comunal, reconociendo que como administración han tenido serios reparos contra la planta.
Añadió que en caso de que se concrete la planta, los pequeños pirquineros -que son los que le venden a la planta- tendrían que desplazarse hacia Illapel, considerando los costos de desplazamiento, es un escenario inviable que los haría desaparecer.
Díaz explicó que el Servicio de Evaluación Ambiental está solicitando que la planta ingrese un estudio de impacto ambiental que puede tarde entre 2 a 3 años.
El alcalde dijo estar de acuerdo con las observaciones realizadas por el SEA a la planta, pero que él apoya “las demandas de los trabajadores y las trabajadoras”. Agregó que en la carta dirigida a la delegada es que se entregue una “aprobación condicionada” a la extensión del plazo de funcionamiento, es decir, que se fijen fechas para subsanar las observaciones.
“No queremos ponernos por sobre la normativa ambiental, en ningún caso, respetamos todo el ordenamiento medioambiental y en buena hora el Servicio de Evaluación Medioambiental observó todo porque está haciendo su pega, el problema es que cerrar la planta, generar todo este impacto negativo, no nos va a sacar de la situación en la que estamos”, dijo Díaz.
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