La Contraloría General de la República reconsideró una observación emitida en el año 2020 por la Contraloría Regional en torno a una fiscalización que se aplicó a la Corporación Municipal de Valparaíso que daba cuenta de gastos improcedentes por un monto superior a los 500 millones de pesos.

En concreto, el organismo fiscalizador regional había observado las remuneraciones y bonos de 21 funcionarios pertenecientes al Liceo Técnico de Valparaíso (LTV) y el Liceo María Luisa Bombal (LMLB).

Con esto, la Contraloría General de la República establece que las actividades productivas de dichos establecimientos se ejecutaron en el marco de la legalidad y por esta razón los bonos y remuneraciones de docentes y administrativos habrían sido realizadas válidamente.

Desde la Corporación Municipal de Valparaíso valoraron la determinación del máximo organismo fiscalizador y señalaron que significa un gran paso al esclarecimiento de las acusaciones contra la administración.

Al respecto, el exconcejal porteño del Partido Comunista, Ivan Vuskovic, sostuvo que continuará tomando fuerza la acusación por notable abandono de deberes en contra del Alcalde Jorge Sharp, porque habría hecho trabajar a menores de edad en dichos colegios.

Recordemos que la Cormuval ha indicado que se otorga a sus alumnos la posibilidad de hacer su práctica profesional en producción cuando estos se encuentran en circunstancias especiales o requieren de una contención mayor por parte del plantel educativo y no pueden efectuarlas en una empresa.