La municipalidad de Valparaíso decidió suspender por 60 días con un goce del 50 por ciento de su remuneración a un funcionario que se encontraba bajo sumario administrativo desde el 2019, por una denuncia de acoso de parte de una ex abogada del gabinete de Jorge Sharp.

Concejales y organizaciones reaccionaron criticando el veredicto, y además de requerimientos a Contraloría, se realizarán querellas penales.

En el documento al que tuvo acceso Radio Bío Bío, se concluye que entre la denunciante y el denunciado, existía una relación de trato cercano y cordial, y no existía entra las partes una relación de subordinación o dependencia.

Además, indica que el trato y las conversaciones que tenían, no son condición suficiente para justificar un interés recíproco, y es por esto que la situación de acoso relatada por la denunciante es inadecuada, y ocurre sin consentimiento previo. El documento de dos páginas señala que esto contraviene la probidad administrativa y constituye un acto de acoso en el espacio laboral, siendo contrario a una conducta funcionaria intachable.

La fiscal del caso y Directora de Desarrollo Comunitario del municipio, Carla Meyer, explicó los argumentos detrás de la sanción acordada.

La ONG Abogadas Pro Chile, encargada de temas de infancia y de discriminación contra la mujer, calificó como inaceptable el fallo de la fiscalía interna del municipio, y señalaron que además de recurrir a Contraloría, presentarán una querella penal.

Jeanette Bruna, directora del organismo, dijo en relación al estatuto adminsitrativo de funcionarios públicos, que ningún caso de acoso sexual puede ser sancionado, con otra cosa que la destitución.

Para el concejo municipal, este caso no ocurre en un vacío. Durante un concejo del mes de julio, el autodenominado “Grupo de los 8” discutió con Jorge Sharp por la lentitud de una serie de sumarios administrativos, incluyendo este, e incluso deslizaron que personas de confianza del alcalde que estaban sumariadas estaban siendo protegidas.

Sin embargo, lejos de aliviar las inquietudes de los concejales, esta resolución ha causado más críticas.

Iván Vuskovic señaló que confirmar que hubo una situación de acoso, y sancionar con 60 días es bajarle el perfil.

Los concejales Carlos Bannen y Daniel Morales coincidieron en que los antecedentes entregados por el denunciado, en los que señala que hay otras irregularidades en el municipio como el uso de organizaciones pantalla para comprar bienes municipales, o la contratación de personas conocidas saltándose procesos, debe ser investigada.

Se espera que los resultados del sumario sean tema central del concejo de esta semana, mientras que durante el miércoles serán presentadas acciones legales.

Desde el municipio declinaron referirse al caso porque el proceso aún no concluye.