El Gobierno inició un estudio de capacidad de carga demográfica en el Archipiélago Juan Fernández para determinar el impacto del aumento de la población tanto residente como flotante.

A través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) se inició el estudio que considerará variables sociales, culturales, económicas normativas, políticas y de sostenibilidad, que servirán como insumo para la elaboración de planes de acción e inversiones que sean compatibles con los objetivos de desarrollo de esta zona y con su preservación.

Capablanca, la consultora a cargo del estudio, dio a conocer los alcances del trabajo que comenzaron en diciembre pasado a una mesa intersectorial donde participa la municipalidad, el Gobierno Regional, la Subsecretaría de Interior, Subdere, diversos servicios públicos y la comunidad de Juan Fernández.

Hugo Martínez, jefe del equipo a cargo del estudio señaló que el principal objetivo es contar con un modelo de capacidad de carga y ponerle número al aumento de población tanto residente como flotante.

La jefa regional de la Subdere, Susanne Spichiger, agregó que esto se da en marco de la declaratoria de la isla como territorio especial, esto quiere decir que su gobernanza y administración están regidos por un estatuto especial, al igual que Rapa Nui.

“Este es un compromiso que tenemos a raíz de la declaratoria de la isla como territorio especial al igual que Rapa Nui”, indicó la autoridad.

En Isla de Pascua ya se está comenzando a ejecutar el plan de carga luego del estudio, y en Juan Fernández están en la etapa inicial del diagnóstico para saber cuáles son las acciones que se deben tomar a futuro para proteger esa zona.

De acuerdo a las cifras que se manejan a nivel local, el pueblo San Juan Bautista actualmente cuenta con una población que alcanza los 1.200 habitantes, situación que de acuerdo al alcalde de la comuna, Leopoldo González, ya genera una serie de preocupaciones.

“Ya tenemos problemas graves en temas medioambientales… de agua, energéticos, de transporte”, subrayó la autoridad comunal.

El estudio alcanza una inversión total de 323 millones de pesos y se estima que el informe final será entregado en enero del año 2021.