“En pleno desarrollo y con un importante grado de avance”. Así calificó la Fiscalía Regional del Bío Bío el estado del avance de la investigación respecto a las emergencias ambientales ocurridos en las bahías de Talcahuano, Quintero y Puchuncaví, ocurridas en agosto de 2018.
A través de un comunicado, el Ministerio Público afirmó además que todos los antecedentes reunidos a la fecha se encuentran contenidos en un total de “17 tomos, y cada uno de ellos tiene en promedio 350 páginas”.
A su vez, en la misiva se sostiene que -a la fecha- se han tomado 129 declaraciones a personas, tanto en “calidad de testigos como de imputados”, a lo que se suman el despacho de una treintena de “órdenes de investigar, peritajes e instrucciones particulares a la policía, como también requerimientos de información a entidades específicas”.
En esa misma línea, la Fiscalía expuso que lo antes señalado tiene como objetivo aclarar la posible “existencia de delitos y las eventuales responsabilidades penales”.
En el marco de las indagatorias, el pasado lunes el abogado Remberto Valdés pidió la formalización de siete altos ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en la región de Valparaíso.
En ese sentido, la lista es liderada por el gerente de la Refinería Aconcagua, Edmundo Piraino.
Los antecedentes que existen en la investigación a cargo de la fiscal regional Marcela Cartagena, asesorada por la persecutora Ana María Aldana, dan cuenta de la comisión de dos ilícitos por parte de la empresa estatal.
El primero es el daño calificado por propagación de agentes contaminantes y también un segundo ilícito que tiene que ver con la conducta dolosa de los ejecutivos de ENAP.
