Organizaciones sociales de Quintero y Puchuncaví pidieron la renuncia del intendente Jorge Martínez, acusándolo de abandono de deberes en la crisis medioambiental de agosto de 2018.
Solicitud que se hizo en medio de una manifestación en el frontis de la misma Intendencia Regional, lugar hasta donde llegaron a exigir que no se lleve a cabo el proyecto que busca ampliar el muelle de la empresa Oxiquim.
En específico, pidieron que la Comisión de Uso de Borde Costero desestime su primera votación, donde dieron luz verde a la iniciativa, por lo que enviaron el 4 de abril una carta a la máxima autoridad regional, pidiéndole un pronunciamiento al respecto, pero a dos meses de aquello acusan que nada ha ocurrido.
Dicha molestia, se suma a las críticas a la gestión de Jorge Martínez en agosto de 2018, cuando se desató la emergencia ambiental en la denominada zona de sacrificio.
En ese sentido, lo acusan de abandono de deberes y que no ha realizado su trabajo, motivo por el que fueron enfáticos en pedir su renuncia.
La presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del Hospital Adriana Cousiño de Quintero, María Araya, acusó que -pese al plan de descontaminación- se han registrado altos peaks contaminantes en la zona durante el último tiempo.
Además, también dijo que no ha habido seguimiento a las personas y niños intoxicados, sumado a que tampoco se habrían realizado exámenes toxicológicos.
En esa línea, manifestó que el Intendente ha vulnerado todos los derechos de los quinteranos y puchuncavinos.
Las organizaciones socioambientales dicen estar cansadas, acotando que aún esperan respuesta a su petición de que la Comisión de Uso de Borde Costero revoque la primera votación en que entregó su visto bueno a la ampliación del muelle de la empresa Oxiquim.
Priscilla Pacheco, vocera del Cabildo Abierto de Quintero y Puchuncaví, dijo que en ese entonces la máxima autoridad regional tenía 15 días para responder, sin embargo, ya han pasado 2 meses y no han conseguido replica alguna.
Debido a lo anterior, exigen una nueva votación, ya que dicen que el proyecto es altamente agresivo, tomando en cuenta que el material pesado de sedimento será arrojado a la caleta de Horcón, algo que -enfatizaron– no es viable bajo ningún punto de vista.
En específico, la manifestación culminó con dos personas detenidas, mientras que las organizaciones medioambientales acusaron represión de Carabineros, indicando que se estaban movilizándose de forma pacífica.
