Nuevas acusaciones enfrenta la jueza Patricia Montenegro, del Primer Juzgado Civil de Valparaíso, tras ser reincorporada este miércoles después de su suspensión durante un sumario por acoso laboral en el que se denunció que arrojó líquido en la silla de una funcionaria.
Un grupo de 10 de subalternos de Montenegro acusó situaciones del mismo tenor a las que le valieron la suspensión en el procedimiento disciplinario.
De acuerdo a las denuncias, la magistrada redistribuyó las tareas en el tribunal, recargando a algunos de trabajo y dejando casi sin tareas o con labores de menor rango a otros, lo que los empleados interpretan como represalias.
Por otra parte, Montenegro habría dicho que un funcionario “parecía pordiosero” por utilizar barba y que otros dos “se veían cochinos”. También habría cuestionado los antecedentes académicos de nuevos empleados y reinstaló un timbre para llamarlos a su despacho.
Por ello, los trabajadores apuntaron a que no hubo supervisión de una autoridad del Poder Judicial para el retorno de Montenegro al tribunal -quien además no habría pedido disculpas-.
En total fueron tres documentos, dos por los mismos funcionarios y otro con el apoyo de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, los que se presentaron al Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Es por esto que el Pleno se reunió y anuncio dos medidas frente a estas nuevas denuncia: la ministra en visita Barbara Lavín realizará una supervisión del funcionamiento administrativo del juzgado, y se iniciará una nueva investigación sumaria, para establecer eventuales responsabilidades y sanciones.
La jueza Montenegro estuvo nueve meses suspendida por el procedimiento disciplinario previo. La Corte Suprema rechazó a principios de mes abrir un cuaderno de remoción, pese a dar por cierto que la magistrado vertió líquido en el asiento de una funcionaria en más de una ocasión, además de tener un trato descomedido, descortés e irónico y tratar de “tontos” y de “hambreados” a las personas que tenía a su cargo.
