El abogado Remberto Valdés, quien representa a 25 familias de Quintero y Puchuncaví, informó que entregará a la Fiscalía una copia de la sentencia del recurso de protección por los episodios de contaminación en la zona, para que sea considerada como antecedente con el objetivo de llevar a cabo eventuales formalizaciones por la arista penal.

Ayer la Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y de forma inédita ordenó al Estado llevar a cabo 15 medidas para garantizar los derechos a la integridad física y psíquica y a un medioambiente sano de los habitantes de la zona, los que fueron vulnerados de acuerdo al máximo tribunal debido a los reiterados episodios de contaminación producidos por la actividad del cordón industrial.

En Concepción, Valdés destacó este miércoles la importancia de la sentencia de la Corte Suprema y subrayó que quedó de manifiesto la pasividad de los organismos administrativos, teniendo que intervenir el Poder Judicial.

El abogado adelantó que entregaría copia de la resolución al Ministerio Público, que debería servir de antecedente para eventuales formalizaciones de las empresas responsables de las emisiones contaminantes.

En tanto, desde el Movimiento por la Infancia de Quintero, Manuel Pizarro refutó a las autoridades en cuanto a que las medidas decretadas por la Corte Suprema para mitigar el daño a la salud de las personas ya se estén aplicando.

Y para fundamentar esa denuncia, el dirigente informó que mediciones oficiales de las estaciones de monitoreo registradas en las últimas semanas han arrojado índices de dióxido de azufre por sobre lo permitido, sin que la Intendencia de Valparaíso o la Seremi de Salud de Valparaíso aplicaran las medidas que corresponde.

La investigación penal por los episodios de contaminación y los efectos en la salud de los habitantes de Quintero y Puchuncaví está a cargo de la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, quien trabaja con la persecutora especialista en delitos medioambientales Ana María Aldana. A ellas espera poder entregar Valdés la copia del fallo de la Corte Suprema.