Tres concejales de la comuna de San Felipe presentarán por tercera vez una solicitud por abandono de deberes y faltas a la probidad ante el Tribunal Electoral Regional (TER) en contra del alcalde Patricio Freire, en medio de cuestionamientos por un largo proceso judicial que pidió la salida del administrador municipal Patricio González.

Dicen que todo comenzó cuando el Concejo Municipal cuestionó posibles vínculos entre González y la empresa Citeluz, que se adjudicó en 2017 una licitación de luminaria pública que, según los ediles, no contó con los votos suficientes para ser aprobada, y el alcalde terminó firmando un decreto para pagar a la empresa una deuda de 1.500 millones de pesos en 84 cuotas.

Durante todo 2018 y hasta la semana pasada, el concejal Christian Beals llevó a la Corte de Apelaciones, a Contraloría y a la Corte Suprema los cuestionamientos a una votación que se realizó en febrero del año pasado, en que se decidió que se destituyera al alcalde, bajo la sospecha de tener un conflicto de interés con la empresa.

Según los concejales, este no era el único problema debido a que en ese momento se consideraron ocho puntos para sustentar la destitución, entre los que destacan el atraso de los pagos de imposiciones a profesores durante ocho meses y un documento que supuestamente elaboró González dando por terminado los trabajos de la empresa de luminarias, sin que estuvieran realmente terminados.

La Contraloría General de la República cuestionó la votación del Concejo Municipal porque no votó el alcalde, pero posteriormente, la Corte Suprema validó de manera unánime ese sufragio entendiendo que en estricto rigor, el alcalde no forma parte del concejo.

Para los ediles que presentarán el documento al TER, el alcalde se terminó de involucrar de una manera que cuestionan cuando no firmó el decreto de expulsión del administrador.

En noviembre y marzo ya se habían presentado solicitudes, pero en ambas ocasiones no pudieron concretar el trámite por que no se notificó al alcalde en el plazo estipulado, y porque no se aceptó que los concejales le dieran un poder a un abogado para hacer la presentación.

Christian Beals dijo que son demasiadas las situaciones que apuntan a que ha habido falta de probidad y transparencia, que fundamentan la acción.

“Firmó un decreto de pago de 1.500 millones de pesos que es grave detrimento a las arcas fiscales. Incluso sin la votación necesaria, cuando uno extiende el periodo municipal más allá de cuatro años en este tipo de contratos, necesita una mayoría absoluta y eso también es ilegal”, explicó Beals.

Patricio González señaló que no se podía referir a esta acción, pero sí confirmó que por problemas administrativos no habían podido presentarla. Además, dijo que le llamaba la atención que la diferencia de opiniones sobre el manejo del municipio llegue a estas insistencias, aludiendo posibles motivaciones electorales de los ediles.

“Yo sé que hay una diferencia de opiniones, parte de algunos de los concejales seguramente tiene ganas para participar de las próximas elecciones”, comentó.

Según los concejales, la situación del administrador municipal y el alcalde correrán por caminos paralelos, porque Patricio González registra al menos seis fallas, considerando falta de control administrativo en la extracción de áridos en la comuna, y dudas sobre la alteración de cobros en las patentes municipales.