El Tribunal Electoral Regional (TER) rechazó la solicitud de la defensa de la alcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato, de declarar inadmisible la presentación ante el organismo de cuatro concejales de la comuna, pidiendo su destitución como autoridad comunal por notable abandono de deberes.
Reginato, a través de sus abogados, argumentó ante el TER que los concejales Laura Gianicci y Sandro Puebla -que están dentro de los ediles que presentaron la acción- aparecen aprobando los presupuestos cuestionados por Contraloría. En el caso de Gianicci, entre 2015 y 2018, y en el de Puebla sólo el del año pasado.
El documento presentado por la alcaldía de Viña del Mar planteó que estos dos concejales perdían legitimidad por participar activamente de la situación de déficit presupuestario, por lo que no se cumpliría el quórum de cuatro ediles para presentar la acción.
Sin embargo, el Tribunal Electoral Regional estimó que la ley sólo pide que cuatro concejales se pongan de acuerdo, sin importar si se acreditan o no circunstancias que los priven de hacer la presentación.
Esto quiere decir, que el TER ha solicitado conocer los argumentos de fondo en el proceso de entrega de pruebas que se viene, para que se evalúe una posible destitución de Virginia Reginato.
El abogado representante de la acusación, Andrés Silva, indicó que la defensa también cuestionó que existe en curso una querella criminal contrae Reginato de parte de dirigentes vecinales, y que esto debería ser resuelto antes que esta solicitud. Silva explicó que esto también fue desestimado por el tribunal.
Una de las concejalas directamente mencionadas en la acción de la alcaldía es Laura Gianicci. La edil demócrata cristiana insistió en que en las votaciones de aprobación de presupuesto se les ocultó información.
El tribunal estimó que no es incompatible que existan acciones administrativas y penales en contra de la autoridad viñamarina. Esto porque piden penas de distinto tipo, que pueden ser perfectamente compatibles.
También se buscó el camino de la prescripción de las faltas administrativas que se le imputan, y el TER decidió reservarse su juicio respecto de si los plazos son compatibles para la sentencia definitiva, pidiendo que se siga tramitando la causa.
