Para el 25 de abril quedaron fijados los alegatos en la Corte Suprema de los recursos de protección por la crisis ambiental en Quintero y Puchuncaví.

El recurso es ante la responsabilidad de distintos organismos públicos y privados en la contaminación que afecta al sector industrial de la región de Valparaíso.

La controversia por los alegatos se mantiene, luego de que abogados recurrentes presentaran un documento en el que tildaron de “unilateral” la decisión de agrupar los recursos de protección y de dividirlos por tipos de intervinientes entre personas naturales, corporaciones, empresas privadas y públicas.

En la misiva plantearon que la organización propuesta por la Corte Suprema responde a criterios que no están establecidos por la ley. Básicamente, los abogados acusan que su solicitud de defender cada uno sus recursos por separado fue ignorada sin explicación alguna.

José Ferrada representa a 43 personas naturales de Quintero y Puchuncaví, que responsabilizan tanto al cordón industrial de la zona como a la falta de fiscalización del estado, de los hechos de intoxicación a más de 1.500 personas que comenzaron el 21 de agosto del 2018.

Ferrada dice que la Corte los ignora, y definen los grupos de recurrentes como si ellos no hubiesen presentado ninguna acción, faltando al debido proceso y vulnerando el derecho de las personas que acuden a la justicia a ser oídos.

La pregunta para Cristian Lucero, que representa el recurso del senador Francisco Chahuán contra ENAP, se mantiene. Dicen que no conocen cuáles son los argumentos del máximo tribunal del país, para impedir que cada uno de los recurrentes tenga derecho a defender su caso, pero plantea que sin importar cual sea, no puede ser más importante que el derecho a ser escuchados.

Además, alegaron que se cumple el requisito de incompatibilidad de intereses. Como las municipalides de Quintero y Puchuncaví presentaron acciones, pero a la vez son responsabilidades por otros recursos, cumplen los requisitos para que puedan defenderse de manera separada. Todo esto, bajo el argumento de que las causas se pueden ver afectadas en el fallo que emita la corte.