La defensa del capitán de navío en retiro Patricio Villalobos presentó un recurso de protección en contra del ministro en causas de derechos humanos Jaime Arancibia, acusando una serie de “actos ilegales” e incluso violaciones a los derechos humanos que atentarían contra su representado, procesado por la desaparición de un integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El recurso se interpuso en la Corte de Apelaciones de Valparaíso luego que rechazara la solicitud para citar a declarar al presidente Sebastián Piñera y a los exmandatarios Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Michelle Bachelet, además de cinco ex comandantes en jefe de la Armada, por la desaparición de un ciudadano dominicano integrante del MIR en 1973.
En aquel informe de 217 páginas, al que accedió Radio Bío Bío en octubre pasado, el abogado Javier Gómez había solicitado la citación de los expresidentes, con la que esperaban demostrar la inocencia de su representado en la desaparición del dominicano Juan Andrés Blanco Castillo, ocurrida sólo 14 días después del golpe de Estado.
En este recurso de protección, se indica que el tribunal de manera “arbitraria e ilegal” está privando a la defensa de medios de prueba, considerando que en los nueve años de investigación no han tenido acceso a las declaraciones de los testigos citados por el propio ministro Arancibia.
Gómez acusó que había sido concedida la audiencia probatoria, pero que el tribunal de manera repentina y sin razón no citó a los testigos.
“Sin duda es kafkiano, pues el tribunal para sostener su tesis de la acusación, lo que hace es privarnos de los medios de prueba, privarnos de recursos judicial sencillo y efectivo (sic), y privarnos del derecho de la protección judicial y la tutela judicial efectiva, todo a través de ilegalidades, eventuales delitos, arbitrariedades extremas y violaciones de los derechos humanos del procesado“, manifiesta en el escrito.
Considerando estos elementos, planteó que existiría una voluntad a priori de condenar a Villalobos, tratando de justificar la figura de “secuestro permanente”.
De la misma forma, el defensor afirmó que el secuestro es una construcción intelectual de este caso para tratar de privar a su representado de los beneficios básicos del debido proceso.
Según la defensa, la tesis del secuestro ha sido utilizada para eliminar la prescripción del supuesto delito ocurrido hace 46 años, sin una serie de documentos mínimos que acrediten que la persona falleció y que su cuerpo haya sido identificado.
Otro de los elementos que se cuestionó fue que Gendarmería no elaboró un nuevo informe presentencial, sino que este se basó en un una condena previa contra Villalobos, situación que es considerada por la defensa como arbitraria y discriminatoria.
Además, Gomez contó que el propio tribunal lo acusó de dilatar innecesariamente la tramitación de la causa, cuando, según él, han sido ellos los que en su incapacidad de demostrar el rol de Villalobos en la desaparición de Juan Andrés Blanco Castillo cumplirán una década en el proceso.
También, se denuncia también que el ministro carece de imparcialidad, pues su hermano fue torturado en el recinto naval donde prestaban servicio los acusados.
El recurso todavía debe ser declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
