Un análisis institucional, laboral, tributario y sobre la relación ciudad-puerto. Esos fueron los cuatro ejes que acordó la recientemente conformada Comisión Especial Investigadora por la Ley de Puertos. La instancia tiene como principal objetivo revisar la actuación de los órganos de la administración del Estado a 20 años desde que entró en vigencia la actual legislación en materia portuaria.

Esto debido a que desde varios sectores solicitaron reformas de la actual ley, con principal énfasis en lo que respecta a la tributación que tienen las empresas portuarias, mejoras en materias laborales, así como la relación entre los puertos y las ciudades en donde operan.

Para comenzar con dicha revisión, la comisión acordó citar a todos los ministerios que estén vinculados con la actividad portuaria, así como a otros organismos, tales como la Asociación Nacional de Ciudades Puerto, la Cámara Marítima, Directemar, entre otras.

Marcelo Díaz, diputado socialista y presidente de la comisión, indicó que es necesario citar a todos los actores vinculantes al sector portuario, a fin de poder tener un diagnóstico bien acabado y así poder establecer si la actual ley necesita mejoras o cambios.

“La idea en estos 120 días es poder tener un diagnóstico bien acabado de lo que ha sido el impacto, tanto las consecuencias positivas como negativas de la ley”, manifestó Díaz.

No se sabe aún ni el horario ni el lugar en donde se llevarán a cabo las sesiones con los organismos citados. Sin embargo, el diputado PPD Rodrigo González, propuso sesionar en ciudades que cuenten con puertos operativos, como Valparaíso, San Antonio y Talcahuano.

“Sería absurdo que, siendo el centralismo una de las principales causas por las cuales el sistema portuario ha funcionado mal, estemos sesionando en Santiago. Por lo tanto, que sesionemos en una ciudad portuaria como Valparaíso está muy bien y además se agregó que tuviéramos algunas sesiones en los puertos de Chile, como la zona de Talcahuano y Concepción”, indicó el diputado.

La comisión tiene un plazo total de 120 días para establecer si la actual legislación portuaria necesita reformas. Situación que deberá ser establecida luego de escuchar a todos los organismos que operan o intervienen en los puertos de Chile.