Los dirigentes portuarios de Valparaíso expusieron ante la Cámara de Diputados la denuncia de la existencia de “listas negras” y la supuesta vulneración de la empresa Terminal Pacífico Sur (TPS) de los acuerdos firmados con el Ministerio del Trabajo y de Transporte, al término de las movilizaciones de finales del 2018.

Esto se da luego que la semana pasada anunciaran estar evaluando volver a movilizarse, considerando que uno de los principales compromisos era que no marginara a los trabajadores que se manifestaron en las llamadas “nombradas”: Las citaciones a laboral en el puerto que son la fuente de trabajo principal de los portuarios llamados eventuales.

En ese sentido, el vocero de Sindicato Nº 1 de Estibadores de Valparaíso, Pablo Klimpel, señaló que existen 22 personas que no han vuelto a llamar a los turnos.

De ellos, seis presentaron denuncias por discriminación. Al respecto, Klimpel planteó que es uno de los incumplimientos principales del acuerdo sostenido con el Estado.

Marco Montecinos, dirigente de la empresa Ultraport, acusó que no sólo no puede trabajar en el puerto de Valparaíso, sino que en cualquier otro.

Por ello, llamó al ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, a forzar que se cumpla lo acordado.

El diputado Jorge Brito (RD) expresó que si no se respetan los acuerdos de la movilización del año recién pasado, no es posible mejorar las condiciones contractuales de los trabajadores.

Por su parte, como inaceptable calificó el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) que TPS no respete los acuerdos.

Lo anterior, según explicó, considerando que los ministerios fueron garantes de sus condiciones, mencionando que a la compañía no le corresponde impartir justicia.

Los trabajadores realizaron una denuncia ante la Inspección del Trabajo por tutela de derechos fundamentales y discriminación, al no ser llamados a trabajar por haber participado de movilizaciones.

Los portuarios indicaron que buscan una reformulación del sistema laboral de los funcionarios y calculan cerca de 18 meses plazo para elaborar una propuesta, ante el miedo de que el retraso en el Terminal 2 pueda costarle el oficio a centenares de empleados.