Como un “decreto despiadado” fue calificado el documento emanado por el municipio viñamarino que daba el sí a la demolición de la toma “Naciones Unidas”, la que hasta la fecha cuenta con 56 casas.

El lunes los vecinos señalaron haber sido “sorprendidos” por personal policial y maquinarias, quienes estaban a punto de demoler sus viviendas. Esto, luego de acusar no haber sido notificados.

De acuerdo a los antecedentes, tampoco cuentan con la reubicación, hecho que los preocupa aún más considerando que la mayoría son migrantes y que no tienen una red de apoyo en la región, o incluso en el país.

Según las palabras del diputado Rodrigo González, es de suma urgencia el asentamiento. Así mismo, dijo que si es necesario hacer un recurso de protección lo hará, considerando que les están pasando a llevar su derecho a la vivienda.

La alcaldesa Virginia Reginato no ha mostrado interés en solucionar esta problemática, al menos en los terrenos viñamarinos. Según sus palabras, la responsabilidad de reubicar a las personas es de los propietarios.

Eso sí, ignorando que fue el mismo municipio el que emitió este decreto de demolición.

Es por lo anterior que el parlamentario anunció que se encuentra evaluando una denuncia ante Contraloría en contra del municipio, a propósito de los procedimientos que se realizaron.

Nury Moya es abogada y se ha involucrado en el tema. Dijo que hasta ahora no ha habido solución alguna. En tanto, continúan con la incertidumbre que los vecinos perderán sus casas en cualquier momento.

La junta de vecinos de Limonares manifestó la necesidad que los habitantes de la toma dejen de vivir en esos terrenos, denominados como “peligrosos”. Esto porque se encuentran bajo una torre de alta tensión y sobre el acueducto Las Vegas.

El diputado, Rodrigo González, entiende ese punto, pero no las condiciones en las que se intentó llevar a cabo el desalojo.

Dentro de los próximos días habría respuesta de las autoridades. De no ser favorables para la solicitud del parlamentario, podría incluso llevar este caso a Contraloría.