El mediodía de este viernes familiares de Carmen Gloria Larenas, estudiante asesinada en Valparaíso durante una protesta en 1983, llegó hasta la Corte de Apelaciones Valparaíso para querellarse en contra de dos exagentes de la CNI, entre ellos Carlos Herrera, quien actualmente cumple cadena perpetua en el penal de Punta Peuco por el crimen de Tucapel Jiménez.
El también exoficial de la Armada, está involucrado en al menos 8 causas de derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
En concreto, la acción acusatoria presentada es una querella por homicidio calificado en contra de los exoficiales de este estamento, Sergio Echeverría y Carlos Herrera.
Puntualmente, este caso se trata de la muerte de la joven de 19 años que pertenecía a las Juventudes Comunistas, con las que participó el 18 de julio de 1983 en uno de los masivos cacerolazos que durante esa jornada se realizaron en el país.
Así lo señaló la abogada querellante de este caso, Carolina Cubillos, quien detalló que ambos exmilitares eran parte de la Central Nacional de Informaciones (CNI), y cuyo rol -presúntamente- era la desarticulación de agrupaciones políticas como en las que participaba la mujer, por lo que el libelo acusatorio también es por el delito de asociación ilícita.
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El día del hecho, ocurrió una manifestación en la que participaba la joven en el sector del Cerro Esperanza de Valparaíso, la que fue abruptamente interrumpida por dos vehículos, desde donde un grupo de agentes de la CNI habrían abierto fuego sin provocación alguna en contra de los asistentes.
Uno de esos disparos impactó a la joven, quien falleció en el lugar.
Conversamos con Benjamín Larenas, hermano de la estudiante que por ese entonces cursaba cuarto medio en el Liceo Técnico A–24 de esta comuna, quien relató pasajes de ese dia y el presunto rol del oficial más conocido de los dos acusados que es Carlos Alberto Herrera, quien según su versión habría tenido autoría intelectual en este hecho, por ser él quien dirigía las acciones de este organismo represor en la comuna.
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La presunción de esta autoría intelectual se fundamenta en parte de los antecedentes que ya tiene Herrera, que también es investigado en -al menos- 8 causas de derechos humanos ocurridas en dictadura.
Incluso, también se le apunta como autor de vejaciones sexuales y torturas ocurridas en La Calera en 1980, precisamente contra jóvenes miembros del Partido Comunista.
Asimismo, habló de este supuesto “pacto de silencio” que existiría entre decenas de exmilitares involucrados en crímenes ocurridos en esa época.
El 26 de julio pasado, Herrera fue a declarar por estas otras causas a la Corte de Apelaciones porteña, llegando con un fuerte resguardo de Gendarmería e incluso con chaleco antibalas.
Ahora resta ver si se acoge a trámite esta querella, presentada en la Corte porteña, lugar hasta donde llegó la familia de la joven asesinada en compañía de una serie de manifestantes, quienes desplegaron pancartas en el sector de la Plaza de la Justicia de Valparaíso de manera pacífica.