Dirigentes del movimiento “No más Parquímetros” llegaron hasta la Contraloría, con el objetivo que este organismo investigue presuntas irregularidades en los contratos que la Municipalidad de Valparaíso mantiene desde hace años con las empresas operadoras de estacionamientos en la comuna.
Don Javier y Consorcio Sociedad Anómina han estado hace tiempo bajo la lupa de varios, después que empezaran a revelarse las cuestionadas cláusulas de los contratos que ambas empresas mantienen hasta la fecha con el municipio porteño, específicamente desde la administración del exalcalde Jorge Castro.
Matias Ossio, uno de los voceros de “No más Parquímetros”, denunció irregularidades no solo en el acuerdo entre ambas partes sino también en sus posteriores modificaciones, como el adelanto de cerca de 600 millones de pesos que el Concejo Municipal aprobó en 2014, para así pagar una millonaria deuda previsional que la anterior administracion comunal mantenia con los profesores de la Corporacion Municipal de Valparaíso.
En esa línea, Ossio señaló que aquí habría responsabilidades de todos aquellos ediles que aprobaron esta modificación.
Isaac Alterman es otro de los voceros de este movimiento, quien actualmente enfrenta una querella por injurias presentada por los concejales Marcelo Barraza e Ivan Vuskovic, señalando una presunta demora en el proceso de debate y revisión que los ediles habrían intentado hacer al interior del Concejo, dilatando esta discusión en las comisiones que ambos presiden: Régimen Interno y Finanzas, respectivamente.
Otro de los cuestionados detalles de uno de estos contratos, es la gratuitad que los concejales tienen para estacionar sus vehículos en el aparcadero ubicado debajo de Plaza Cívica de la capital regional.
Debido a lo anterior, se reunieron la tarde de este martes con el alcalde porteño Jorge Sharp, quien señaló que el municipio estudia la forma de cómo caducar unilateralmente ambos contratos.
Los contratos mantienen ligadas a ambas empresas con la casa consistorial porteña al menos hasta 2047, generándole una entrada de recursos a las arcas municipales equivalentes a menos del 7% de las ganancias de dichas operadoras de parquímetros.
