El Juzgado de Garantía de La Ligua formalizó a los 8 funcionarios de la Municipalidad de Papudo investigados por el presunto delito de fraude al fisco y negociación incompatible.
Firma mensual y arraigo nacional por un total de 6 meses, el plazo decretado para llevar adelante la investigación del caso, son las medidas cautelares que ese tribunal decretó para los funcionarios que son sindicados como los principales responsables en defraudar a su propio municipio.
Se trata del secretario Municipal Alejandro Osorio, el director de Secpla Andrés Mejías, el encargado de Administración y Finanzas Cristóbal Jaque, el auxiliar Hernán Palacios, el director de la Dideco Daniel Sammur, el encargado de Obras Municipales Jorge Rubio, el jefe de la Unidad de Control Guillermo Velasco, el ingeniero Wilson Astudillo y el administrador municipal Mario Bustamante.
¿Cómo operaban presuntamente estos 8 funcionarios? El Fiscal de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Claudio Reveco, lo detalló.
En términos sencillos, los imputados se reunían en un “comité”, donde acordaban liberar fondos para trabajos que en la práctica no se realizaban y que no habrían sido de especial necesidad para la administración comunal de Papudo.
Esto quedó de manifiesto en los informes que respaldaban estos trabajos y que fueron definidos como fraudulentos por la propia Fiscalía, y ademas, quienes los realizaban eran los propios funcionarios imputados, conformándose el delito de negociación incompatible.
Toda esta práctica la habrían realizado, al menos, entre los años 2011 y 2014, y la malversación ascendería a poco más de 94 millones de pesos.
¿Cómo se descubrió esto? David Vargas, un ciudadano de Papudo interesado en temas patrimoniales, pidió información sobre este tema a la Casa Consistorial de esa comuna.
Pasaron varios meses, y con las conclusiones lapidarias del órgano contralor, el Consejo de Defensa del Estado también se hizo parte de esta causa.
Estos funcionarios siguen activos en el municipio, pero pese a esto, el abogado que los representa es particular. Rafael Almarza dijo que estas prestaciones de servicios se habrían realizado fuera del horario laboral de sus representados, por eso, no habrían cometido delito alguno.
El proceso de investigación previo al juicio oral se va a extender por 6 meses, plazo donde los imputados quedaron con firma mensual y arraigo nacional. Durante este período además, podría acreditarse si es que la actual alcaldesa de Papudo, Rosa Prieto, tuvo o no participación en este ilícito.
