La Brigada de Delitos Económicos de la PDI requisó documentación referente a las remuneraciones del personal directivo y otros altos cargos al interior del Municipio de Viña del Mar, en el marco de la investigación del llamado “Caso Horas Extras”.

Son 23 archivadores con información de 46 funcionarios de altos cargos al interior de la Casa Consistorial, entre directivos y otros roles, que fueron retirados desde la Dirección de Personal del Municipio, a partir de una orden emitida por el Fiscal de la Unidad Anticorrupcion del Ministerio Público, Claudio Rebeco.

Así lo confirmó el Subprefecto de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Valparaíso, Claudio González.

La investigación deriva de la querella por el delito de fraude al fisco contra quienes resulten responsables al interior del municipio, que presentaron a inicios de abril los diputados Daniel Verdessi y Rodrigo Gonzalez.

Este último dijo que con el pago de horas extras de manera irregular, la alcaldesa de Viña del Mar terminó por crear un grupo de elite al interior del municipio.

Desde la otra vereda política, el Diputado de Renovación Nacional y exconcejal viñamarino Andres Celis, insistió en la necesidad de que sea un organismo externo el que audite el estado financiero del municipio viñamarino.

Desde el Concejo Municipal, la edil del Partido Por la Democracia, Marcela Varas recordó que además de esta investigación se lleva a cabo otro procedimiento a cargo de la Contraloría General de la República.

Según el concejal independiente Sandro Puebla, todo seguiría igual, al menos durante los últimos dos meses, al asegurar que el pago en horas extras, que en la práctica son imposibles de realizar, simplemente han continuado.

La alcaldesa, Virginia Reginato, señaló que el municipio dará toda su colaboración a la tarea que realiza la PDI, pero cuando se le consultó si es que ella sabia o no de los pagos irregulares en hora extras, evitó referirse al tema.

Tal como consigna el titulo tercero del estatuto administrativo, que rige el funcionamiento del municipio viñamarino y de toda institución pública en el país, la asignación y el pago en horas extraordinarias a todos sus funcionarios son competencia y deber del jefe superior del organismo, en este caso, de la jefa comunal.