Alicia Zúñiga, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de Valparaíso, calificó como “una burla a la justicia” y una moneda de canje, para que Lucía Hiriart y otros responsables de Cema Chile no cumplan penas por sus presuntos delitos, a la firma de un acuerdo con la institución para que esta devuelva 108 propiedades.

La organización fue creada en 1954 y durante el periodo de la dictadura, hasta 2016, fue Hiriart quien la lideró.

Lee también: A meses de su disolución Cema Chile transfiere 84 bienes al Fisco

Lee también: Jorge Ulloa asegura que Cema Chile deberá devolver inmuebles en región del Bío Bío

Entre otras cosas, se ha cuestionado las transferencias de propiedades que se habrían realizado en beneficio de la organización entre 1973 y 1991, gracias a la ayuda de la administración de Augusto Pinochet.

Bienes Nacionales identificó 134 inmuebles recibidos por Cema Chile, de los cuales 118 están avaluados en más de 80 mil millones de pesos.

En este caso, el Consejo de Defensa del Estado llegó a un acuerdo que fue firmado ayer jueves que determina la entrega de 108 propiedades con un valor de más de 7.600 millones de pesos.

Al menos ocho bienes tendrá que entregar la organización en la región de Valparaíso.

Este trato fue catalogado como “una burla a la justicia” por Alicia Zúñiga, quien aseguró que se desestimaron los delitos de malversación de fondos y apropiación indebida de bienes públicos, que habría cometido Hiriart y la Dirección de Cema.

La firma incluye la entrega de las propiedades gradualmente hasta junio de este año, 84 de origen fiscal y 24 de particulares, y también involucra a la disolución de la fundación en septiembre.

María Eugenia Manaud, presidenta del Consejo de Defensa del Estado, expresó que esto lo realiza Cema a cambio del cierre de la investigación penal.

No obstante, Guillermo de la Barra, ministro de fuero de la causa, indicó que Lucia Hiriart declaró como inculpada y que faltan diligencias aún para el fallo final.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)