Diversas reacciones se han registrado en la región de Valparaíso luego que la directora nacional del Servicio Nacional de Menores (Sename) descartara que el cierre del Cread de Playa Ancha ocurra antes del 11 de marzo.

No obstante, pese a que se valoró el anuncio, las voces más críticas señalan que la idea no sirve de nada si el modelo de gestión y los recursos con los que cuenta el Sename siguen siendo los mismos durante el nuevo Gobierno.

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La oficialización de la medida se concretó mediante un escueto comunicado de prensa el 5 de febrero, pero en el documento se señalaba que la medida sólo obedecía a razones de “infraestructura”.

Al respecto, el director Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Fernando Martínez, cuestionó este único argumento y recordó que detectaron incontables irregularidades al interior de este y otros Cread del país, junto con ser parte de causas judiciales por hechos ocurridos al interior del recinto porteño.

Desde una de las asociaciones de funcionarios de Sename, Antrase, valoraron los dichos de Huerta, pero aseguraron que de nada sirve el evitar la presión de una fecha límite si es que los recursos y el modelo con que el Estado se hace cargo del tema de los niños, niñas y adolescentes vulnerados sigue siendo el mismo.

Según un oficio del propio Ministerio de Justicia enviado a la Comisión de Constitución del Senado, Chile invierte $294 mil al mes en cada niño y niña que ingresa a algún programa del servicio, menos de la mitad de lo usado por persona en el total de la población penal adulta, en un país con serios cuestionamientos a la realidad registrada dentro de sus cárceles en materias como sobrepoblación, hacinamiento y reinserción.

Por eso, desde el Movimiento Infancia Ahora, su vocera Jenny Bruna, señaló que el cierre del centro no soluciona la crisis generalizada del Sename, y el camino para solucionar su crisis estructural es generar reformas a la ley antecedidas por un acuerdo político transversal.

El recinto actualmente atiende a poco más de 70 niños, niñas y adolescentes que permanecen al interior de ese lugar, el mismo que fue definido por el último informe del INDH como un recinto donde la violencia y el maltrato son una practica natural e institucionalizada.