La discusión por el nuevo Plan Regulador de Valparaíso se ha convertido en uno de los temas más complejos para la administración de Jorge Sharp durante las últimas semanas, donde algunos grupos acusan que podría generar segregación social.

Dicha propuesta ha generado división al interior del mismo Concejo Municipal, el que incluso rechazó la propuesta de la alcaldía de fijar la altura máxima de edificación a 9 metros.

Lee también: Sharp sufre revés luego que Concejo Municipal porteño decidiera reabrir discusión del Plan Regulador

La votación, adversa para las pretensiones de la actual administración, derivó incluso en la repetición de ciertas etapas del proceso de la discusión, como la exposición de la Comisión de Desarrollo Urbano del municipio, instancia que debería concretarse a más tardar el 7 de marzo.

Pese a su extensión y complejidad, el proceso es valorado desde la propia alcaldía y otros organismos, como la Fundación Buen Vivir, tal como lo señaló uno de sus voceros, Felipe Reyes, quien aseguró que -al igual que en todo proceso de regularización- existen valores económicos en juego.

Recordemos que con el límite a la altura de las edificaciones, la actual administración busca frenar la especulación y el crecimiento inmobiliario explosivo en distintos puntos de la comuna duramente los últimos años.

Dicho argumento es el más resistido por parte del Concejo Municipal y distintas organizaciones porque aseguran que esta altura truncaría la construcción de distintos proyectos de viviendas sociales.

Por eso, plantean que la altura se fije en 12 metros, asegurando así un máximo de 4 pisos, lo que permitiría levantar inmuebles de este tipo.

Néstor Herrera, vocero de 13 comités de vivienda de distintos lugares de la comuna aseguró que la solución sería sectorizar esta altura dependiendo de las características de cada lugar, y afirmó que si la alcaldía persiste en su idea sólo generaría segregación.

Un reciente estudio de la Cámara Chilena de la Construcción señaló que Valparaíso es la quinta comuna del país con mayor carencia de viviendas sociales, con un déficit cercano a los 12 mil inmuebles de este tipo.