Las opiniones se mantienen divididas a menos de dos semanas luego que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, presentara la propuesta de las “inmobiliarias populares”.

Tal modelo plantea que desde las municipalidades se entreguen departamentos en arriendo a menos del 25% de los ingresos familiares de las personas que optan a una solución habitacional.

Por lo anterior, instituciones públicas, centros de estudio y organizaciones sociales porteñas debaten sobre la posibilidad de transplantar la iniciativa luego de las críticas vertidas por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) el fin de semana, donde acusaron potencial lucro de los municipios.

El director regional del Serviu, Carlos Contador, reconoció meritos en la iniciativa pero advirtió que el detalle sobre cómo se efectuarán los pagos es crucial para darle viabilidad a la propuesta.

En tanto, Felipe Reyes, abogado y representante de la Fundación del Buen Vivir, destacó la relevancia histórica de la idea, que es interpretada como un hito en el rol que puede jugar el Estado en la construcción de vivienda social, tradicionalmente realizado por el mundo privado.

Mientras, el investigador de la Fundación para el Progreso (FPP), Esteban Montaner, señaló que la idea tiene posibilidades de fracasar, destacando que al municipio no le corresponde la función, que debe estar en manos del mercado.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrirá para la región Metropolitana y Valparaíso en los próximos días un llamado para postular a recursos e implementar la iniciativa.