El Juzgado de Garantía de Viña del Mar incautó cerca de 130 millones de pesos a Carlos Marín Orrego, el expresidente de la Bolsa de Valores de Valparaíso acusado de estafar por más de 2.000 millones de pesos a casi cien personas.

Pese a la medida precautoria, que asegura que ese dinero se destinará a la reparación de las víctimas del exejecutivo, la cifra no deja del todo conformes a estas personas.

Recordemos que Marín Orrego, de 71 años, fue formalizado a inicios de 2017 por delitos como infracción a la ley de bancos, lavado de activos y a la estafa previamente señalada.

La segunda Sala de ese tribunal viñamarino, encabezado por la magistrado Valería Echeverría, resolvió rechazar el recurso presentado por los bancos Itau y Santander, con quienes el exejecutivo bursátil de Valparaíso mantiene una deuda, y que buscaban sacar a remate dos propiedades para así restituir parte de los montos adeudados, pero cuyas tasaciones, a juicio de las víctimas, no alcanzaría a cubrir ni siquiera el 10% de los montos defraudados.

Al respecto, uno de los abogados de las víctimas, Juan Carlos Manríquez, señaló su conformidad, porque de haberse concretado la subasta, las víctimas incluso arriesgaban el no pago de sus dineros.

Una de ellas es María Consuelo Celis, quien vivía en el mismo edificio donde se ubicaba la Corredora de Bolsa de Marín Orrego, y a quien le aseguraron que en ese lugar contaban con una caja donde guardó alrededor de 25 millones de pesos en monedas de oro, dinero que no vio más.

Si bien la decisión es favorable a las víctimas, esta lejos de tranquilizarlas, porque con el patrimonio declarado por el formalizado sólo podría recuperarse cerca de 600 millones de pesos, lejos de los más de 2.000 que calculan las víctimas, lo que fue confirmado por el fiscal Patricio Toro.

Recordemos que en la Corredora de Bolsa de Carlos Marín, desde la cual habría estafado a casi 90 personas, la operaba de manera conjunta con uno de sus hermanos, su esposa y su sobrina, quienes también son investigados por los mismo delitos, y cuyas penas van de 3 a 10 años de prisión efectiva.