Luego de cuatro meses de la entrega del informe de Contraloría que dio a conocer Radio Bío Bío, y que cuestiona irregularidades durante el segundo periodo del exalcalde Jorge Castro, el actual edil de la ciudad puerto, Jorge Sharp, presentó una querella por malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y obtención fraudulenta de prestaciones estatales.
Sharp describió la acción judicial presentada en el Juzgado de Garantía, la cual busca esclarecer posibles responsabilidades penales de funcionarios, administrativos y el propio Castro tras la auditoría realizada por el ente contralor.
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El jefe comunal indicó que existe un compromiso con la ciudadanía de aclarar si efectivamente hubo algún tipo de delito.
Ramón Sepúlveda, abogado penalista que acompañó la causa, se refirió al nivel de responsabilidad que podría tener el exalcalde del puerto, en los distintos contratos cuestionados por Contraloría.
En julio, cuando fue presentado el informe final, se entregaron los antecedentes a la Fiscalía porteña para conocer si existen o no delitos consumados.
“Cortina de humo”
Jorge Castro, candidato a diputado, acusó a la actual autoridad de levantar una “cortina de humo” tras la presentación de una querella para encontrar eventuales responsabilidades por el informe de Contraloría, que cuestiona contratos sostenidos durante la administración anterior.
Según Castro, la acción judicial es un cálculo político para distraer la atención mediática de la restitución de funcionarios despedidos, la complicada situación financiera del municipio y la extendida negociación con la empresa de recolección de basura Total Transport.
El exalcalde de Valparaíso reconoció una “responsabilidad política” en las irregularidades cuestionadas durante su administración, pero señaló que esperará la respuesta del Ministerio Público con tranquilidad, en caso de requerir la justicia, su declaración.
El informe presentado a Contraloría se dio luego de las dudas que generaron una serie de adquisiciones de la municipalidad en los últimos dos años del segundo período de Castro, donde se cuestionaron los contratos con las empresas Eagle Care y Penta Seguros.
