Duras críticas ha recibido la Corporación de Exsoldados Conscriptos en dictadura de la comuna de Quillota, quienes han buscado constantemente acercarse al candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, emplazándolo a que clarifique su postura respecto a lo que a ellos les tocó vivir durante los 17 años del régimen de Augusto Pinochet, en materia de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Hace unos días, el presidente de esta agrupación, Juan Luis Valencia, señaló a Radio Bío Bío que los exsoldados “rasos” de ese entonces eran obligados -incluso hasta bajo amenazas de muerte-, a ser parte de los cientos de crímenes perpetrados contra miles de personas, y que ellos también fueron víctimas de vulneraciones a los derechos humanos.
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Los dardos llegaron desde la Agrupacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos, por parte de su presidenta, Lorena Pizarro, quien definió las declaraciones simplemente como un “descaro”, porque lo único que buscan es obtener algún beneficio político y económico.
Pizarro, incluso señaló que el argumento de los exconscriptos para justificar su actuar no tiene asidero alguno, porque a 27 años del fin de la dictadura, con la gran mayoría de ellos alejado del mundo militar, no han prestado colaboración alguna para esclarecer cientos de delitos y desaparaciciones de miles de personas, ni siquiera bajo el resguardo de su identidad.
Dicho análisis que se da justo en días en donde se ha instalado la polémica ante el posible cierre del Penal Punta Peuco, donde actualmente permanecen cumpliendo condena cerca de 120 exmilitares por violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
