Pidiendo que se amplíen los plazos para implementar la Ley de Inclusión, un grupo de apoderados y sostenedores de colegios particulares subvencionados llegaron a manifestarse el miércoles en las afueras del Congreso Nacional, mientras se encontraba la ministra Adriana Delpiano en la Comisión de Educación de la cámara.

Érica Muñoz, presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados (Confepa), comentó que la exigencia que hacen es porque cerca de 54 mil niños habrían quedado sin establecimiento educacional luego que los colegios subvecionados tuvieran que transformarse a municipales o particulares pagados.

José Valdivieso, sostenedor y presidente de la Confederación de Asociaciones de Colegios Subvencionados de Chile (Conapas), comentó que cerca del 20% de los establecimientos que se han visto afectados son de excelencia.

Jaime Molina, vocero de la Red de Colegios Particulares Subvencionados (Redco) de la región de Valparaíso, llamó a las autoridades a que se hagan cargo de la situación.

La actividad se enmarcó en la sesión especial que realizó la Cámara de Diputados y que fue suscrita por 44 parlamentarios con el fin de realizar un diagnóstico de la legislación que regula la admisión de los estudiantes al sistema educativo.