Con palabras de apoyo a la decisión de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares y Subvencionados de Chile (Confepa) -de interponer un recurso de protección contra el Estado chileno debido a la implementación de la Ley de Inclusión Escolar– reaccionaron en la Red de Sostenedores de Colegios Particulares Subvencionados de la región de Valparaíso (Redco).
Su presidente, Jaime Molina, indicó que el principal problema radica en que tras la entrada en vigencia de la ley, ya ha habido una fuga importante de los establecimientos educacionales a la modalidad particular pagada.
En esa línea dijo que “hay varios colegios que van a cerrar, porque la Ley de Inclusión no permite que sea viable continuar”.
En tanto, la presidenta nacional de la Confepa, Erika Muñoz, aseguró que la decisión de interponer durante los próximos días el recurso de protección se debe -principalmente- a que los niños se estarían quedando sin educación en los colegios que eligieron sus padres y apoderados. En ese sentido, la ley estaría mal implementada.
La Ley de Inclusión Escolar entró en vigencia el 1 de marzo de 2016 y con ella se busca transformar gradualmente la educación particular subvencionada en gratuita.
