El Consejo ciudadano de Valparaiso mantiene una querella por malversación de caudales públicos en torno al servicio de oncología del Hospital Carlos Van Buren.
Luego que se conociera que el Consejo de defensa del estado solicitó al Ministerio de Salud informes en torno a la situación de las denominadas “Sociedades Médicas”, para investigar si hay o no irregularidades en la forma en que estas operan, en la Región de Valparaíso surgió nuevamente el cuestionamiento a cómo funciona el servicio de Oncología en el Hospital Carlos Van Buren.
Recordemos que los ojos se volcaron nuevamente a estas sociedades luego que se filtrara una auditoría de la Unidad Externa del Ministerio de Salud que revelaba que 110 autorizaciones de pagos a profesionales fueron realizadas por médicos vinculados a las mismas instituciones a nivel nacional.
El caso de Oncología del Hospital Carlos Van Buren no es nuevo, se viene arrastrando desde hace al menos tres años cuando se denunció que los médicos habían formado una de estas sociedades para prestar servicios al recinto y responder así a los requerimientos del plan AUGE.
La dirección del Hospital Van Buren, en 2013 y el Servicio del Salud Valparaíso – San Antonio, han defendido abiertamente el sistema, argumentando que la única forma de sostenerlo es a través de estas sociedades médicas.
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En este sentido, la Fenats, diputados, consejeros regionales y hasta el senador Ricardo Lagos Weber tomaron parte y solicitaban investigar y aclarar las denuncias del caso.
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La Contraloría también acogió la denuncia detectando algunas anomalías, lo que según la Dirección del Hospital, en 2015 fueron corregidas.
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Sin embargo, una arista poco conocida de la denuncia, es la querella que presentó el Consejo Ciudadano de Valparaíso, en contra de quienes resulten responsables de los presuntos delitos de Malversación de caudales públicos, otros fraudes y exacciones ilegales, desvío de fondos y simulación de contratos, según explicó Hilda Cerda Espindola, abogada del organismo.
La querella apunta a que si bien la sociedades medicas pueden existir por ley, para prestar los servicios que no alcanzan a ser cubiertos en el sistema, en el caso de Oncología del Hospital Carlos Van Buren los profesionales no médicos del mismos servicio de oncología, son obligados a trabajar para las sociedades medicas en las tardes.
Lo grave, plantea la abogada, es que se les pagan horas extras por parte del hospital y no por las sociedades medicas.
Además, dice la jurista, que las sociedades médicas utilizan las dependencias y maquinarias del mismo hospital, cancelando arriendos que son irrisorios.
Por ejemplo, asegura que se paga un arriendo de 250 mil pesos mensuales por el uso de la maquinaria del Hospital cuando el costo del mantenimiento cuesta 85 millones de pesos semestrales.
La Querella fue presentada el 14 de septiembre de 2015, quedando la investigación a cargo del fiscal Claudio Uribe, quien en conversación con La Radio, indicó que al tratarse de un hecho en proceso aún no es posible entregar detalles del curso de la investigación.
No obstante, se adelantó que se está a la espera de las últimas diligencias para tomar la decisión sobre el futuro de la causa.
Otro de los cuestionamientos surgió cuando el consejero regional Manuel Millones dio a conocer que la empresa a cargo del manenimiento de los equipos, había informado que los aceleradores lineales cumplieron su vida útil y que por seguridad y responsabilidad, la empresa no estaba dispuesta a continuar dando servicio a equipos que de todas maneras podrían fallar.
La respuesta del Hospital en ese momento fue que se buscaría otra empresa en el mercado, afirmando que los equipos podían seguir en funcionamiento, a pesar de la advertencia
El cuerpo de la querella a la que tuvo acceso Radio Bio Bio, apunta a las empresas “Servicios Médicos Oncológico y Radioterapia” Sociedad Rey y González Ltda.; Empresa “Servicios Profesionales Solis y Solis Ltda.”; “Servicios oncológicos SPA”; “Servicios Médicos e Inversión Arancibia Monzon y Cía. Ltda.”
Además, la querella hace referencia como contexto y sustentación de la denuncia que la Dirección del Hospital instruyó en sumario luego que funcionarios alertaran que el funcionamiento de las maquinarias dilataban los tiempos de atención a los pacientes que están en espera de tratamiento, lo que podría poner en riesgo a los pacientes.
Entre otras denuncias expuestas en la querella, indica que la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en una inspección de fecha 12 de agosto de 2014, detectó que un funcionario se irradió por error y que un paciente recibió una dosis y tratamiento que era de otro enfermo.
