Pablo Hernandez e Iván Soto, ex-presos políticos detenidos entre 1983 y 1985, llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso para interponer una querella por los delitos de secuestro, asociación ilícita y aplicación de tormento, figura de la época para referirse a la tortura.
La acción legal apunta a Álvaro Corbalán, exjefe operativo de la CNI, y a Carlos Herrera Jiménez, exagente del mismo organismo que funcionó bajo el régimen de Augusto Pinochet, personas que se encuentran recluidas en el penal Punta Peuco por delitos de lesa humanidad.
Según indico el abogado patrocinante, Carlos Margotta, la acción judicial va dirigida además en contra de todos los que resulten responsables, ante dos casos que fueron calificados por la comisión Valech como víctimas de prisión política y torturas.
Según concuerdan los dos querellantes, tras su detención fueron traslados a uno de los cuarteles de la CNI, que en ese entonces estaba ubicado en el sector de Agua Santa y otro en calle Álvarez, en Viña del Mar, donde permanecieron alrededor de cinco días para luego ser traslados al recinto penitenciario de la ciudad puerto.
Hernandez y Soto concuerdan en que con la querella buscan que los civiles que participaron y ordenaron las torturas también tengan una sanción. “Son los civiles los que no han asumido ningún costo, ellos enviaron a todos los militares a torturar y matar y son los grandes ausentes”, afirman.
En la instancia también llegaron a respaldar la acción judicial otras agrupaciones de ex-presos políticos de Valparaiso.
